Fraude electoral de 2012: suposiciones, indicios, pruebas y hechos notorios

Charla en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el viernes 7 de septiembre 2012, en Morelia, Michoacán, México

David Pavón Cuéllar

Se me ha pedido que hable sobre los fundamentos filosófico-legales de la invalidez de las últimas elecciones. Intentaré hacerlo y decir algo diferente de lo que ya dijeron filósofos más autorizados que yo, por ejemplo Enrique Dussel[1]. Sin embargo, no estoy seguro de que haya peso filosófico-legal en mis palabras, ya que no soy especialista ni en derecho ni en filosofía jurídica. Mejor hablaré como un simple ciudadano que se considera engañado, sofocaré la furia que me invade y me esforzaré en enunciar fría y sistemáticamente las principales razones por las cuales no puedo reconocer ni la validez de los últimos comicios, ni la supuesta victoria electoral del Partido Revolucionario Institucional y de su candidato Enrique Peña Nieto, ni tampoco la reciente validación de las elecciones por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Pruebas

Rechazo las últimas elecciones porque tengo la certeza de que fueron fraudulentas. Mi certeza descansa en dos fundamentos: las pruebas que se han presentado y un hecho notorio que no requiere ni siquiera de pruebas para ser aceptado.

Empecemos por las pruebas presentadas ante el Tribunal. Mencionemos cuatro: las más de 5 mil tarjetas de Soriana y las evidencias de uso propagandístico de las encuestas, de rebase de gastos de campaña y de desvío de recursos públicos. En un régimen verdaderamente democrático, una sola de estas pruebas debería ser suficiente para anular el resultado electoral y emprender una investigación exhaustiva y eventualmente una acción legal contra los responsables. Sin embargo, como no estamos en un régimen verdaderamente democrático, el tribunal electoral prefirió dar su versión de los hechos:

  1. En lugar de un uso propagandístico de las encuestas, hubo un ejercicio de la libertad de expresión, es decir, sin eufemismos, un ejercicio del privilegio de manipulación masiva de la opinión pública y de las preferencias electorales de la población.
  2. En lugar de rebase de gastos de campaña, hubo un asunto pendiente, algo que no puede tratarse ahora, sino hasta enero de 2013, cuando se conozcan los egresos totales de cada partido, es decir, cuando Enrique Peña Nieto ya sea presidente y ya no haya nada que hacer, excepto castigar el fraude mediante una multa para su partido.
  3. En lugar de desvíos de recursos públicos, hubo contratos que gobiernos priistas firmaron con Soriana para beneficiar a sus militantes, es decir, hubo contratos para desvíos de recursos públicos hacia un partido político.
  4. En lugar de la compra de votos mediante miles de tarjetas de Soriana, hubo un beneficio aportado a los militantes del PRI que recibieron miles de tarjetas, y desde luego que las tarjetas pudieron servir para comprar votos, pero no quiere decir necesariamente que hayan servido para comprar votos.

Las versiones del tribunal pueden resumirse en una idea que fue efectivamente sugerida por uno de los jueces. La idea es la siguiente: existen pruebas, pero no existen pruebas, ya que las pruebas existentes no son pruebas, pues aunque sean pruebas, nosotros decimos que no lo son. De modo que todo se reduce a lo que ellos dicen que las pruebas son, y como dicen que no son lo que son, pues entonces no lo son. Al menos esto fue lo que yo entendí. No diría que los jueces razonaran como sofistas, pues ni estoy seguro de que hicieran algo que merezca el nombre de razonamiento, ni tampoco me gustaría ofender a los sofistas, los cuales, por cierto, sí que razonaban. Más bien diría que los jueces en cuestión son unos farsantes, embusteros y embaucadores, que seguramente recibieron muchos millones para atreverse a proferir semejantes sandeces. Pero aquí me detengo, no descarto la duda cartesiana y me digo que tal vez los jueces no sean lo que yo pienso que son. Les otorgo el beneficio de la duda. Quizá yo no haya entendido nada porque mi entendimiento no está familiarizado con la jerga jurídica. Tal vez los jueces tengan razón y las pruebas no sean pruebas. Después de todo, como lacaniano y marxista dialéctico, puedo aceptar que algo es y no es lo que es. Puedo suponer entonces que los jueces no me están engañando. Creeré en ellos, pues entiendo que la creencia es el fundamento de la sociedad humana, de la convivencia, y que la incredulidad, el no creer, Unglauben, es la mayor amenaza para la cultura, el umbral de la psicosis paranoica en Freud.

Hechos notorios

Supongamos entonces que los jueces tienen razón y que las pruebas que son pruebas simultáneamente no son pruebas. Bueno, para calmar los ánimos, olvidemos incluso que las pruebas son pruebas y sólo admitamos que no son pruebas. Aun en este caso, aun admitiendo que no hay pruebas de fraude, yo tendría la certeza de que hubo un fraude. ¿Pero cómo puedo tener la certeza de que hubo un fraude cuando no hay pruebas de fraude? Muy sencillo. Puedo tener esta certeza porque el fraude es un hecho notorio que no requiere de prueba. Y como lo ha explicado el doctor en derecho Javier Quijano Baz, “en todo el mundo, desde el derecho romano, el hecho notorio no requiere de prueba”[2]. El hecho notorio tiene “valor probatorio”[3]. El hecho notorio es una prueba suficiente, quizá la más suficiente de todas, y es precisamente lo que nuestros jueces intentan probar, y desde luego que el hecho notorio no tiene prueba, pues él mismo es la prueba, él mismo se prueba por sí mismo.

Si varios policías ven que un sujeto hunde un puñal en su víctima, no requieren de ninguna prueba para aprehender al sujeto por el hecho delictuoso que fue notorio para todos ellos. De la misma forma, por ejemplo, cuando todos nosotros vemos que los medios masivos de información favorecen a un candidato sobre los demás, no requerimos de pruebas para demostrar este fraude que es notorio para todos nosotros. Aquí el “todos nosotros” no son tres o cuatro testigos, sino miles, millones, decenas de millones, incluyendo a los propios jueces. Así como el fraude es un hecho notorio para millones de mexicanos, así también la mentira de los jueces debería ser también, al menos en cierto sentido, un hecho notorio. No hay necesidad de probar que están mintiendo. Si niegan que hubo fraude, esta negación es una mentira, porque es un hecho notorio que sí hubo fraude, y entonces también es un hecho notorio que se miente al negar que hubo fraude. Por lo tanto, para millones de mexicanos, es un hecho notorio que los jueces son unos mentirosos, farsantes, embusteros y embaucadores.

Pero entonces vuelvo a detenerme, y vuelvo a dudar, pero esta vez termino retrocediendo con un estremecimiento de horror, pues vislumbro el peligro que se esconde en la aceptación del hecho notorio como una evidencia de índole absoluta. Si no la relativizamos, corremos el riesgo de irnos deslizando hacia una violenta confrontación de hechos notorios diferentes. Después de todo, el hecho notorio para millones de mexicanos puede ser diferente del hecho notorio para los jueces. Aunque esté seguro de que el fraude también es notorio para ellos, puedo equivocarme. ¿Cómo tener la certeza de que millones de mexicanos no hayamos delirado al interpretar como un inmenso fraude lo que ocurría en las televisoras? ¿Y si todos creíamos que estaban favoreciendo a Peña Nieto cuando en realidad estaban perjudicándolo? ¿Cómo estar seguros, en definitiva, de que no alucinábamos al escuchar las voces de López Dóriga y sus semejantes? Quizá todo esto forme parte de una locura colectiva que forjaría una conspiración que sólo existiría dentro de millones de mentes, incluidas las de todos esos cínicos priistas que nos encontramos de vez en cuando y que no tienen dificultades en reconocer el fraude que resulta evidente para todos. Pero insistamos: quizá la evidencia para todos no sea más que una locura de todos. Quizá los jueces del tribunal sean los únicos mexicanos cuerdos en todo el país. No vamos a negar esto porque son minoría. Ocurre que las minorías estén en lo cierto.

Ahora bien, aunque pueda ser que la minoría esté en lo cierto, no estamos seguros de que esté en lo cierto, y de cualquier modo una democracia debe guiarse por el sentir de la mayoría, y me temo que la mayoría de los mexicanos, aun los priistas, consideran que el proceso electoral ha sido fraudulento. Los priistas de índole cínica dirán que los perredistas y los panistas son tan tramposos como ellos, pero serán pocos los que estén seguros, en su fuero interno, de que las elecciones fueron transparentes y sin mancha de fraude. Puesto que esto es así, los jueces deberían al menos molestarse en investigar el fraude y no descartarlo de entrada por falta de pruebas o porque no es un hecho notorio para ellos. ¿Acaso no son servidores públicos? ¿Acaso no están al servicio de la nación? Y si esto es así, ¿acaso no estarían obligados a investigar lo que es un hecho notorio para la mayoría de la nación, aun si ellos, la minoría, considerara que la mayoría está equivocada?

Indicios

Alguien podrá objetar que la función de los jueces no es investigar, sino juzgar. Quizá esto sea válido en el caso de otros jueces, pero no en el Tribunal Electoral, que tiene plena jurisdicción, lo que significa, según el artículo 99 de nuestra Constitución, que “para asumir su función de arbitraje lo orientan los indicios que le presenten las partes, pero de ninguna manera la carga de la prueba se le da a los contendientes, que no están obligados a ofrecer las pruebas sino sólo los indicios”. Esto quiere decir que el tribunal electoral ni siquiera debía exigir pruebas, sino sólo indicios que le permitieran hacer la investigación y encontrar él mismo las pruebas del fraude. En lugar de ponerse a buscar pruebas, el tribunal se limitó a decir que había recibido pruebas que no eran pruebas. Muchos pensamos que las pruebas sí eran pruebas, pero aun si no lo hubieran sido, no era necesario que lo fueran para invalidar el proceso electoral, no sólo porque el fraude fue notorio, sino porque bastaba con presentarle indicios al tribunal para que él mismo buscara las pruebas del fraude.

Es claro que el tribunal electoral no realizó ninguna verdadera investigación para encontrar las pruebas del fraude. Pero aun si la hubiera hecho y no hubiera encontrado ninguna prueba, no por ello el hecho notorio dejaría de ser notorio y de probarse por sí mismo para la mayoría, lo cual, en una democracia, resulta sumamente preocupante. Sin embargo, nuestros jueces podrían aún alegar, y de hecho lo hicieron, que si hubo fraude, fue insignificante, lo que no les impidió sostener al mismo tiempo, en una flagrante contradicción bien detectada por Enrique Dussel, que no podían evaluar el fraude. Pero si no podían evaluarlo, ¿entonces cómo podían saber que fue insignificante? ¿Cómo podían evaluar, por ejemplo, que el impacto de las encuestas viciadas fue insignificante? De hecho, la magistrada María del Carmen Alanís reconoció que este impacto podía ser decisivo, pero agregó que no había manera de prever su efecto. Cualquier psicólogo social medianamente informado habría podido indicarle cuál es el efecto más previsible, más probable, pero es verdad que nos mantenemos en el terreno de la probabilidad. Tenemos que aceptar, pues, que aun si el fraude ocurrió, y aun si tuvo efectos decisivos, quizá los efectos fueron los contrarios de los esperados. Quizá el fraude era a favor de López Obrador, amado por los medios y las encuestadoras, y sorpresivamente fue Peña Nieto quien salió favorecido. Pero aun si aceptáramos esta posibilidad, habría que reconocer que el resultado fue decidido por un fraude, y si reconociéramos esto, habría que invalidar la elección.

En resumidas cuentas, aun cuando mostramos nuestra mejor voluntad y concedemos todo para salvar esta elección, no hay manera de salvarla, pues no hay manera de disipar la sospecha de que fue decidida por un enorme fraude. Mientras haya esta sospecha, la legitimidad del próximo gobierno estará en entredicho, y para muchos mexicanos, entre los que yo me cuento, ese gobierno será totalmente ilegitimo, pues existirá el hecho notorio del fraude que bastará para deslegitimarlo.

Suposiciones

Antes de terminar, supongamos que los miembros del tribunal hubieran hecho sus investigaciones y hubieran demostrado efectivamente que no hubo el fraude. Supongamos que este fraude no hubiera existido. Supongamos que el aparente fraude, en la realidad y no sólo en la farsa representada por nuestros leguleyos corruptos, no hubiera sido verdaderamente un fraude. Pues aun si así fuera, yo seguiría considerando que las elecciones son inválidas y no reconocería el triunfo ni de Peña Nieto ni de su Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué? Porque para mí, desde mi particular punto de vista, el PRI no es un partido político, sino una simple organización criminal, y como tal, no debería tener derecho de participar en las elecciones. ¿Cómo podemos permitir que participe en las elecciones una organización criminal responsable de miles de asesinatos políticos, de torturas y violaciones, sin contar los innumerables delitos menos graves? Por menores crímenes, otros partidos han sido prohibidos en el mundo. Estoy pensando en organizaciones comunistas que fueron prohibidas por haber perpetrado lo que no sería más que un pasatiempo menor para cualquier gobernador priista convencional.

Recordemos las masacres de trabajadores y campesinos, de estudiantes e indígenas en Chilpancingo (1960), Iguala (1962), Atoyac (1967), Acapulco (1967), Tlatelolco (1968), la estación Normal del metro de la Ciudad de México (1971), Nepantla (1974), etc., pero también, años después, en Aguas Blancas (1995), Acteal (1997), El Charco (1998), El Bosque (1998)…  Todos éstos son hechos notorios, y por si su notoriedad no bastara, también sobran las pruebas. Nadie podrá negar los crímenes del PRI, los cuales, al menos por su cantidad, convierten a esta organización criminal en la más peligrosa del país. Ninguna otra organización criminal, en efecto, ha matado y torturado a tanta gente como lo ha hecho el PRI. Ahora nos asustamos con los narcotraficantes, pero aun si hacemos abstracción de que los Zetas suelen trabajar para gobiernos priistas, ni siquiera ellos podrían aspirar a rivalizar con el PRI. A esto hay que agregar, como agravante, que los crímenes del PRI, en la mayoría de los casos, han sido crímenes contra quienes luchaban de algún modo u otro por la democracia. Los crímenes del PRI han sido también crímenes contra la democracia.

Aun si el triunfo del PRI hubiera sido verdaderamente democrático, no podemos permitir que la democracia sea usada por una organización criminal antidemocrática para llegar al poder y acabar con la democracia. Recordemos que la República de Weimar permitió que los nazis llegaran al poder, lo que justificó, años más tarde, que la constitución alemana, en su artículo 21, decidiera declarar “anticonstitucionales” todos aquellos partidos en los que “el comportamiento de sus adherentes” pretendiera “perjudicar” o “destruir el orden liberal y democrático”[4]. En el artículo 41 de nuestra propia Constitución, los partidos son definidos como aquellos cuyo fin es “promover la participación del pueblo en la vida democrática”[5]. Lejos de promover esta participación, el PRI no dejó de inhibirla mediante la represión, y es por eso que, a mi juicio, no merece el nombre de partido político ni tiene tampoco el derecho de participar en elecciones democráticas.

[1] Enrique Dussel, “La ilegitimidad del juicio puramente formal del tribunal electoral”, La Jornada, 2 de septiembre 2012.

[2] Jorge Carrasco Araizaga, “La simulación”, Proceso 1870, 2 de septiembre 2012, pp. 10-11.

[3] Ibid.

[4] Deutscher Bundestag, Loi fondamentale pour la République Fédérale d’Allemagne. En: http://www.bundestag.de/htdocs_f/documents/cadre/loi_fondamentale.pdf (consultado el 2 de septiembre 2012).

[5] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf (consultado el 2 de septiembre 2012).

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